Teatro Real de Madrid
El Ayuntamiento de Sevilla acaba de aprobar una ordenanza por la que podrá multarse a quienes rebusquen en los contenedores de basura. Aunque hay por desgracia algunas familias que tienen que recurrir a este procedimiento en busca de alimentos, lo normal es que en los contenedores normales de la calle quienes rebuscan son, en su mayor parte, mendigos. El consistorio sevillano propone sancionar con hasta 750 euros a quienes lleven a cabo estas prácticas. Y ante ello caben dos supuestos: Si quien revuelve la basura es un padre o una madre de familia en búsqueda de sustento para el hogar, ¿cómo va a cobrar la multa el ayuntamiento? ¿embargándoles la nómina que no tienen? Si la tuvieran no irían a buscar a la basura. Y si el removedor de desperdicios es un mendigo, ¿qué va a hacer el ayuntamiento? ¿embargarle los cartones que tiene para dormir?
El alcalde dice que esto se hace porque Sevilla no puede ser una ciudad sin ley y que los vecinos tienen derecho a salir de sus casas y no ver las calles con contenedores rodeados de desperdicios extraídos de su interior. En lo que a lo mejor no ha caído el primer edil del ayuntamiento sevillano (que es jurista) es en que va a ser difícil cobrar las multas que imponga por esa vía. Pero una vez más se demuestra que en España quienes tienen poder creen que todo se arregla poniendo una norma en un boletín oficial. Se publica el texto y todo arreglado, porque el que no lo cumpla ¡se va a enterar!, que diría un castizo.
No seré yo quien niegue el valor de las normas legales como instrumento para regular la normal convivencia de los seres humanos. Tampoco seré yo quien discuta la virtud de las normas para lograr que los derechos de unos no acaben con los de los otros. Y no seré yo, por último, quien niegue que todo derecho lleva aparejada la responsabilidad en su ejercicio y el deber de respetar los de los demás. Pero las normas en sí mismas no arreglan las cosas si no se ponen los medios necesarios. Y aquí me viene a la cabeza una noticia de estos días sobre el Teatro Real de Madrid.
El Tribunal de Cuentas advertía en un durísimo informe sobre las pérdidas incurridas por tan ilustre teatro y la necesidad imperiosa y “urgente” de contener dichas prácticas contables si no quiere verse abocado a la desaparición. Pero lo llamativo del asunto es que dicho informe está hecho con las cuentas del Teatro Real de 2012. Para empezar, lleva dos años más funcionando sin que se hayan llevado a cabo las medidas urgentes que reclama el Tribunal de Cuentas. Y lo que en pleno siglo XXI no parece tener mucho sentido es reclamar urgencia para algo que surge del análisis de las cuentas de hace dos años.
Por mucho que digan las leyes, y podrían llenarse otros 25 boletines oficiales del Estado con reglamentos y disposiciones varias sobre las competencias del Tribunal de Cuentas, mientras este organismo no cuente con los medios necesarios para cumplir con la labor que tiene encomendada, la de fiscalizar cómo se gasta el dinero de todos, pues seguirá emitiendo informes sobre las cuentas de hace dos o tres años, lo que impide en la práctica corregir con celeridad los problemas detectados.
