Errores, delitos y cazarrecompensas

Esta política que sufrimos nos obliga con frecuencia a retomar los libros, a rebuscar apuntes, a dedicar un tiempo a pensar. Siendo así, deberíamos agradecer a nuestros retorcidos jerarcas los esfuerzos que hacemos por entender su conducta. Pero no. Yo no les agradezco nada, entre otras cosas, porque cualquier piedad con ellos sería tomada como un apoyo, una asistencia o una conformidad con lo que hacen. Y hoy por hoy, ninguno lo merece.
Uno de los asuntos sobre los que me siento obligado a volver y desempolvar es la diferencia abismal entre el error y el delito, diferencia ominosamente ignorada por los medios de comunicación, por periodistas y por supuestos expertos que actúan como cazarrecompensas y también soslayada en una mayoría de las instrucciones judiciales.
Según los nuevos inquisidores, el gestor público debe pagar por sus errores, no sólo en términos políticos, sino penalmente. Unas veces es por pura ignorancia y otras se sostiene que el error ha supuesto un perjuicio a lo público. Y, ay, lo público es sagrado.
Tengo para mí que hay casos en los juzgados en los que una parte de los encartados no son ni en apariencia culpables de un delito, sino gestores que han tomado decisiones que, analizadas ex post, pueden resultar erróneas. Aún más, gestores que toman decisiones derivadas de sus postulados y programas políticos y que otros partidos reprochan penalmente, en busca de rentabilidad política.
En ningún caso intento que las conductas penalmente perseguibles lo sean con la contundencia que exige la ley. Sólo pido que en las aguas pestilentes de la corrupción no se ahoguen conductas no delictivas, errores administrativos, fiascos de expectativas, operaciones fallidas que el mundo privado se cometen todos los días, sin que sus consecuencias lleguen más allá de un cese por incompetencia.