La azarosa vida política española, marcada por la virulencia de los casos de corrupción, ha provocado escepticismo, cuando no directa hostilidad, hacia la administración de justicia en su conjunto y muy especialmente hacia los jueces y magistrados. No hay sentencia que no se analice con anteojos políticos; no hay procedimiento que unos u otros no consideren contaminado a favor o en contra de un partido político, de tal forma que la prevaricación judicial sería tan frecuente como las multas de tráfico y los novillos en la ESO.
Sin negar que haya alguna venalidad política en algunos tribunales, el sistema judicial español funciona razonablemente en la mayoría de las salas y materias, mención hecha de la lentitud de los procedimientos, atribuida por unos al sistema garantista español y por todos a la escasa y endémica dotación de medios.
Ha hecho falta la patanería de Donald Trump en su manera arbitraria de gobernar para que muchas personas, militantes de ese escepticismo u hostilidad frente a la justicia, se hayan visto sorprendidas a sí mismas jaleando a fiscales y jueces norteamericanos que han conseguido paralizar la eficacia de algunas de estas decisiones del presidente de Estados Unidos.
No he leído ni oído acusación alguna de judicialización de la política norteamericana porque hayan intervenido magistrados y fiscales en la interdicción de las decisiones de Trump, lo que contrasta con las acusaciones inmediatas que serpentean aquí los procedimientos contra un simple concejal de abastos.
Sería un sarcasmo, pero bienvenido, que gracias a la torpeza de Trump, comprendiéramos los españoles la real importancia del poder judicial como elemento moderador de la democracia y garante de su arquitectura fundamental, el Estado de Derecho.
