Las premisas de merito y capacidad son las que deben regir el acceso a cualquier puesto de trabajo, y mucho mas cuando este puesto se lleva a cabo en la “función pública”.
Esto quiere decir algo tan sencillo como que para ser el psiquiatra de una área de salud, o formar parte de los servicios de extinción de incendios de una ciudad, o ser el juez de instrucción de un partido territorial, o el abogado del estado de un ministerio, lo esencial es que todos estos puestos, u otros similares, los ocupen los mejores, los mas preparados, los mas cualificados, aquellos que por haber demostrado a través de pruebas objetivas los mayores méritos y por tener la mejor cualificación profesional, sean los elegidos para ello.
Pero desgraciadamente lo que estamos viendo y, también sufriendo, en nuestro país no va siempre por ese camino. Cierto que hay oposiciones y concursos serios y estrictos para acceder a determinados trabajos, pero también es cierto que cada vez son mayores las sombras que muchas veces se ciernen sobre la imparcialidad y la objetividad para el acceso a la función publica.
En muchos casos los currículos académicos no sirven para casi nada, despreciándose de esta forma la labor realizada durante años en escuelas y facultades universitarias; en otros se permite la entrada en el escalafón a través de “turnos especiales”, que si bien es cierto que en su origen tenían como finalidad conseguir “sabia nueva”, el tiempo va demostrando que es mas bien una “puerta falsa” para dar plazas a quien no ha podido, o no ha querido, someterse al examen ordinario. Por último vemos, no sin asombro e indignación, como la larga mano de algunos políticos sacan plazas hechas a “diseño y a medida” de un determinado candidato al que se le da la plaza que luego, cuando ellos, los políticos y gestores de turno deseen o les interese, se cobraran con creces en lealtad y vasallaje.
En España existen “interinidades” que contraria y paradójicamente a su denominación son vitalicias; “sustitutos” que no sustituyen sino que ocupan puestos permanentes; “becarios” que no acaban nunca su formación y que siguen bajo la “esclavitud” laboral del jefe que tiene la coartada perfecta de que aun les hace falta tiempo para conseguir la formación adecuada”; “asesores” para asesorar de aquello para lo que ya existen asesores de plantilla duplicando de esta forma funciones y gastos.
Con las famosas coletillas de “libre designación”, “necesidades para el servicio” o “perfil de idoneidad”, se saltan a la torera los rigurosos criterios de acceso para obtener una plaza pública, y se le da muchas veces no al mejor sino a quien “el jefe” “político” quiere y desea. Asi de sencillo y de frívolo. Así injusto y de cutre. Una vez que el “seudofuncionario” ha conseguido entrar, el permanecer en el puesto es fácil, consiste en aceptar ser el vasallo, a veces bufón, del jefe que le hizo el favor y, problema resuelto.
Esto desanima a cualquiera y altera la salud mental de los que están luchando por conseguir honradamente su objetivo de un obtener una plaza en el sector publico. Y si la victima del abuso es un joven que lleva meses, a veces años, dedicado a un estudio intenso, paciente y resignado el daño es todavía mucho mayor. Es muy frustrante para esas personas llenas de ilusión ver como otros, menos capaces y menos meritorios, ocupan puestos que a ellos se les privan de forma torticera.
Por este camino es obvio que no vamos bien. Es necesario reflexionar seriamente sobre el asunto para evitar, entre otras cosas, la fuga de jóvenes, inteligentes y preparados profesionales a otros países, en donde los méritos y la capacidad si se valoran y se tienen muy en cuenta.