Anular las adjudicaciones corruptas

La comisión de investigación sobre la venta de pisos sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) recomienda que se anule el concurso por el que se vendieron a fondos buitre. Esta comisión encuentra irregularidades que ya están siendo investigadas por los tribunales, pero pide también al Ayuntamiento madrileño que lo denuncie ante el Tribunal de Cuentas, y las autoridades de la Competencia en la Comisión Europea. La anulación podría ser de oficio. Así se lo permite la ley, según dice la comisión investigadora. ¿Y si ese principio se aplicara a la multitud de concursos amañados en España? y ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora?

Las razones a favor son varias. Así se haría justicia, que es dar a cada uno lo suyo. En el caso de las viviendas sociales y los fondos buitre, dejarían vivir en paz a las personas que tenían alquileres bajos y a las que presionaron con alquileres insostenibles para su economía o con ventas a precios muy superiores a los de mercado, también inalcanzables para ellos. El Ayuntamiento, por su parte, volvería a tener en sus manos un instrumento clave de su política social, que le habían birlado.

En otros casos, donde se ha probado la corrupción o la investigación judicial ha encontrado pruebas muy importantes, podría o debería pedirse la anulación de pleno derecho. Los artículos 62 y 63 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas parecen claros en este aspecto. En la investigación del caso Gürtel, posiblemente el más importante en curso, aparecen concursos amañados, que se concedieron a una empresa debido a la existencia de sobornos, en adjudicaciones de contratos de cientos de millones de euros. Ahí están los de recogida de basura, grandes recalificaciones urbanísticas trucadas, obras de carreteras y otras infraestructuras públicas, servicios públicos privatizados y hasta festivales de música y reciclaje de purines… Eso sólo en el caso Gürtel.

Hay dificultades cuando hay de por medio lo que se llaman terceros de buena fe. Por ejemplo, adjudicaciones en la que la empresa o empresario corrupto iba de la mano de otra sociedad en una UTE, donde la que no pagó comisiones podría esgrimir que no puede verse perjudicada. También ocurre que no tiene sentido la anulación cuando las obras ya están finalizadas, pero aún así, quedan muchas posibilidades. Alguien puede argumentar que los trabajadores de las contratas sufrirían las consecuencias. No sería así si en los nuevos concursos se obligara a subrogarlos.

No hay que olvidar, además, que quienes realizaron estas obras o estos servicios no son los mejores, son los que sobornaron. Por lo tanto, es muy posible que no sean los que mejor han ejecutado la obra o el servicio. Entonces ¿a qué esperan?

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