El auto judicial y la botella de lejía

En el mundo de los grafiteros rige la norma no escrita de que el “trabajo” de uno no puede ser tapado por el trabajo de otro. Todos, sin embargo, pueden cubrir de espantosos trazos y borrones cualquier muro que les dé la gana, sea una simple tapia o la pared de un monumento gótico. Por supuesto, cualquier fachada de casa ajena es objeto de sus ataques, pero cuidado con que, una vez pintado, alguien se permita emborronar encima. Esta tosca manera de imponerse recuerda mucho a la conducta de los dirigentes felizmente cesados de la Generalitat.

Han mangoneado un proceso sobre el que nadie puede poner la mano. Todos se creían Bansky, su obra debe permanecer, aunque su “trabajo” sea una solemne chapuza. Los ahora encarcelados o los que están en busca y captura cuando escribo, parecen ajenos a los males causados. Como argumentan los descubiertos depredadores sexuales de Hollywood, todo fue consentido. Pretenden hacernos ignorar que una conducta reprobable no la hace mejor la resignación de las víctimas.

Los presuntos delitos sobre los que se les investiga estaban ahí, no hay disculpa de ignorancia, sino la desfachatez de quien se cree por encima de la ley y de quien presume que no hay quien sea capaz de hacer valer esta ley contra ellos. Nadie se atreverá a emborronar sobre su pintada.
Pues al parecer sí que lo había, una jueza de instrucción de la Audiencia Nacional.

Ahora, con esa afición tan nuestra, volvemos a hablar de la prisión preventiva, reanudamos el debate sobre la independencia del poder judicial (olvidando el “poder judicial” que diseñaron los presuntos sediciosos, subordinado hasta la humillación al presidente de su vertiginosa república), nos metemos en pinturas sobre la oportunidad de las decisiones judiciales y aún, de manera más cínica y autoritaria, prevenimos sobre el efecto de exacerbación que estas decisiones puede tener en una parte de la sociedad catalana, como si un auto judicial fuera la etiqueta de una botella de lejía, que advierte del poder irritante del contenido.

En la España actual han pasado por calabozos y cárceles vicepresidentes del Gobierno, presidentes de comunidades autónomas, consejeros, parlamentarios, alcaldes, concejales, sindicalistas, representantes patronales y un largo catálogo de profesionales, incluidos jueces venales. Los que eran políticos fueron elegidos tan democráticamente como los depuestos, los ilegitimó su conducta. Y eso es lo que vuelve a pasar. Decir que tal figura penal no les es de aplicación es querer cambiar las normas a mitad del partido. El argumento fatuo, como hemos oído estos días, de que esto en Europa nunca ha pasado, rebela ignorancia y falta de cálculo. Están reconociendo que una ridícula proclamación de independencia no se le ha ocurrido a ningún iluminado europeo.

Pese a lo extravagante de la situación creada por el ex gobierno de Cataluña, los hechos son muy graves y corresponde al garante de la ley, juzgarlos y sancionarlos y a la política resolver las cuestiones funcionales que devuelvan la normalidad institucional a una parte importante del territorio español.

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