La tentación constitucional y el catálogo de IKEA

Una solución aceptable por Galicia, Andalucía, las dos castillas o Canarias…, ¿lo sería por Cataluña? La pregunta me la suscita un comentario de Luis Garicano durante su intervención en un coloquio con Antón Costas y Jordi Sevilla, organizado en torno al último libro de Costas sobre la necesidad de un nuevo contrato social para España. Debo decir que fue un coloquio con enjundia e inteligencia por parte de los tres ponentes. La actualidad se comió parte del sugerente planteamiento inicial sobre el contrato social, sea renovado, sea de nueva planta que necesita España, importante para el futuro de todos nosotros, incluidos aquellos a los que ya el futuro lo contamos de veinticuatro en veinticuatro horas.
Pero volvamos al asunto catalán que todo lo engulle, que todo lo roe, que todo lo carcome.
Garicano dejó caer la pregunta ¿se puede conciliar la salida para Cataluña con la salida para el estado autonómico? La interrogante esconde una duda. Una duda que abre el debate sobre las excepcionalidades en la Constitución, un problema de envergadura política que no solo atañe al estatuto de partes del territorio español, sino también y principalmente, a los ciudadanos donde quiera que vivan.
La reforma constitucional no ha hecho más que enunciarse y ya ha ensalivado las apetencias de muchos de esos que hemos dado en llamar colectivos, que aspiran a que su peculiaridad, sea ésta la que sea, tenga un reconocimiento constitucional explícito que blinde su hecho diferencial. Para no excitar una lluvia de acusaciones de anti casi todo, obvio poner ejemplos de los colectivos a los que me refiero.
La duda-pregunta de Garicano estriba en la tentación de una constitución a la carta del modo y manera que algunos estados europeos pedían que lo fueran las normas de contenido constitucional de la Unión Europea. Con una simpleza torpe algunos lo reducen a que unos u otros se sientan cómodos, lo que reduce los valores constituyentes a un catálogo de Ikea.
Es cierto que en los debates previos a la Constitución de 1978, las excepcionalidades vasca y navarra dieron mucho juego y han producido algún que otro quebranto. Es un hecho que el principio de igualdad de los ciudadanos se supeditó a unos derechos históricos de los territorios. Y en aquel tiempo se creyó que se hacía lo mejor posible. Pero toda excepcionalidad crea víctimas y excita envidias.
Si ahora se suscita una nueva excepcionalidad para Cataluña (que le haga sentirse cómoda en España) estaríamos en presencia de lo que, tratando de disfrazar los conceptos, los socialistas llaman en sus textos “asimetría” para salvar que ya no creen en la igualdad. Una trampa para sostener la igualdad ante la ley, porque lo que sería desigual es la propia ley.
Nos vamos acercando al nudo gordiano de la situación española. Espero que, como Alejandro Magno, no se resuelva con un sablazo, real o más probablemente, económico.

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