Hipócritas, corruptos y demagogos

El PSOE, que todavía lidera Zapatero, y el PP, que encabeza Rajoy, han incluido en sus candidaturas a las elecciones autonómicas y municipales a casi cien personas imputadas o relacionadas con supuestos y no tan supuestos casos de corrupción. Los demás partidos, entre ellos los nacionalistas, han hecho algo similar. Hay menos casos, pero también presentan menos listas. El premio gordo se lo lleva Izquierda Unida. El mismo día que su líder, Cayo Lara, anunciaba “urbi et orbe” que aquellos de entre sus filas que estén “imputados o procesados” deberían dimitir, el teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijo, imputado en el caso Mercasevilla, proclamaba a los cuatro vientos que él no dimitiría porque no había hecho nada reprobable. La teoría que esgrimen los partidos para mantener en listas y cargos a “imputados” es que, después, como ha ocurrido en algunas ocasiones, los tribunales los exoneran de cualquier culpa. Apartarlos a priori sería, pues, una condena anticipada. Es posible. La teoría que sostiene que cualquier persona imputada debe dejar sus cargos públicos tiene el punto débil de que, para sus adversarios, no sería muy difícil buscar alguna acusación –cierta o no- y entonces cualquiera podría estar imputado, aunque fuera de forma digamos que preventiva. Las disquisiciones más o menos sutiles, sin embargo, no pueden ocultar la realidad de la existencia de la corrupción, quizá no demasiado extendida, pero sí muy llamativa. Por otra parte, la infinita hipocresía política conduce a que para los socialistas el llamado caso Camps en Valencia sea un escándalo mayúsculo, mientras que intentan pasar de puntillas por el asunto Mercasevilla, los EREs irregulares con dinero público o las andanzas de los hijos de Manuel Chaves. La misma postura, pero al revés, defienden los populares. Unos y otros, incluidos nacionalistas de todo pelaje y el resto de los partidos, cargan con toda la artillería contra cualquier desliz del adversario político, mientras que niegan la mayor –por grande que sea- si afecta a sus filas. ¿Qué hubiera dicho el PP de Camps si el presidente de la Generalitat Valenciana fuera socialista? ¿Cómo hubieran reaccionado los socialistas si Manuel Chaves fuera del PP? Sin duda, justo al contrario de cómo han hecho, lo que convierte a una buena parte de los políticos españoles –y a los partidos como organizaciones- en tan previsibles como hipócritas. No es extraño, por lo tanto que las encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) concluya que los ciudadanos consideren que los políticos son el segundo gran problema del país (Técnicamente son el tercero, pero el primero –el paro- y el segundo –la situación económica- son en definitiva lo mismo).

La demagogia, mientras tanto, goza de buena salud. El debate sobre si los eurodiputados deben viajar en “Business class” o en “turista” es un buen ejemplo. Entretiene a la afición porque es popular y permite que muchos se indignen, pero como tantas otras veces distrae la atención. Nadie se pregunta, por ejemplo, por qué tienen que viajar tanto los eurodiputados si, en realidad, su lugar de trabajo está en Bruselas o en Estrasburgo. A lo mejor el problema no es si viajan de una manera o de otra o si tienen que hacerlo tantas veces. El episodio del premier británico Cameron, con su viaje en una línea “low cost” y su estancia en Granada en un hotel de tres estrellas entra también en el mismo paquete. Algunos dicen que da ejemplo de austeridad, pero es bastante evidente que se trata de una operación de imagen en un momento en que su país tiene que afrontar un duro ajuste. Sus asesores lo han organizado muy bien y lo ha aprovechado con habilidad ante su opinión pública, pero no por eso deja de ser un paripé dirigido a los más incautos. Algo así como las grandes alabanzas que hacen los políticos españoles del excelente funcionamiento de la sanidad pública española. Los dos últimos casos han sido los de Esperanza Aguirre y de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ambos fueron atendidos en centros públicos de la Comunidad de Madrid. El problema es que la atención –ni la médica ni la hospitalaria- que recibieron ellos no la reciben los ciudadanos normales y corrientes, los miles de españoles anónimos que todos los días acuden a los mismos centros. Nadie cuestiona la calidad de los profesionales, pero el servicio, por mucho que presuman algunos, no es igual para todos.


La otra crónica del director

Acerca de Jesús Rivases

Jesús Rivasés, director del semanario 'Tiempo'.
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