De divorcios y notarios

La idea de Ruiz-Gallardón de que los notarios puedan casar y divorciar encuentra serias reticencias en jueces, fiscales y expertos en Derecho de Familia

Allá por 1914 el polifacético Joaquín Costa, en su “Reorganización del Notariado, del Registro de la Propiedad y de la Administración de Justicia”, escribió: “El número de sentencias ha de estar en razón inversa del número de escrituras; teóricamente, notaría abierta, juzgado cerrado”. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al anunciar hace unos días que su departamento estudiaba la opción de dotar a los notarios de competencias para autorizar matrimonios y divorcios, recuperaba, actualizándolo, el conocido aserto del ilustre aragonés: “Notaría abierta, juzgado desatascado”, podría ser la adaptación gallardonista de aquella, casi decimonónica, declaración de intenciones. Han pasado casi cien años, pero seguimos igual. O eso parece.

A Ruiz-Gallardón le ha caído en suerte un ministerio complejo; probablemente el departamento que acumula más retrasos, y fracasos, en la adecuación de los servicios que gestiona a las necesidades reales de los ciudadanos; probablemente el más lastrado por corporativismos cuya raíz es tan profunda y transversal que nadie parece atreverse a desarraigarla por miedo al tsunami que podría provocar tamaña osadía; y, sin ninguna duda,  el único departamento que no ha culminado, ni en el fondo ni en la forma, la transición democrática. Ruiz-Gallardón, fiscal de carrera, sabe que el suyo no es un Ministerio fácil. En España ingresan en los juzgados entre 9 y 10 millones de casos al año. Unas tres veces más que en Francia, a pesar de que nuestra población es significativamente inferior a la del país vecino (unos 20 millones de habitantes menos). O sea: que tenemos un problema. Y serio.

Por eso cuando el ministro anunció la posible atribución de competencias a los notarios para que estos celebren matrimonios y divorcios, fueron muchos los que consideraron la iniciativa sensata, necesaria y de seguros efectos benéficos para la Justicia. Sin embargo, después de escuchar atentamente a los expertos, la impresión es que la reforma, pudiendo ser en algunos aspectos sensata y necesaria, no parece que vaya a tener la eficacia pretendida.

¿Compensar la crisis del ladrillo?

Hace unos días participé en la Facultad de Derecho de la UNED en una sesión académica organizada por el Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE). El prestigioso catedrático de Derecho Civil y presidente del IDADFE, Carlos Lasarte, reunió en dos mesas redondas, a magistrados, jueces, fiscales, notarios, abogados especializados en Derecho de Familia y dos representantes del Gobierno, el director general de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez, y el director general de Asuntos Consulares, Luis Fernández-Cid (pueden ver la relación completa de participantes en este enlace: http://www.uned.es/dpto-dcivil/IDADFE/). La conclusión que saqué tras varias horas de opiniones y debate fue que si lo que pretendía Ruiz-Gallardón era aliviar la crisis de las notarías, o ayudar a que se desatasquen los juzgados, tendrá que hacer algo más profundo que derivar a un colectivo ajeno a la Administración de Justicia determinadas funciones.

La crisis del ladrillo y la financiera, muy ligadas entre sí, han ocasionado un descenso importante en la facturación de notarios y registradores. Se firman bastantes menos compraventas que antaño y la concesión de hipotecas también ha menguado extraordinariamente. Pero ni los matrimonios, ni mucho menos los divorcios, van a compensar ese deterioro económico, salvo que las tarifas que se apliquen sean estratosféricas y el paso de los españolitos por la notaría sea de obligado cumplimiento.

Pero vayamos a lo que ocurre con los divorcios, que son los que teóricamente provocan el atasco judicial. La medida arreglaría poco o nada, ya que entre los que se producen sin acuerdo y pasan por los tribunales, y los que a pesar de mediar consenso exigen la intervención de jueces o fiscales por existir en el matrimonio hijos menores, suman un 85 por ciento del total de los divorcios o separaciones que se dan anualmente en España.

Todo ello sin entrar en el debate de si un empresario, que es lo que también son los titulares de las Notarías (además de fedatarios públicos), debe tutelar derechos fundamentales o, incluso, pedir a la fiscalía o a la policía informes oficiales para dirimir conflictos tanto en matrimonios (aquellos en los que existan indicios de fraude, los conocidos como “matrimonios de conveniencia”), como en divorcios.

La impresión, tras escuchar las expertas opiniones de los ponentes en la sesión del IDADFE, es que el ministro buscó un titular y lo obtuvo; o lanzó un globo sonda para medir el eco de sus palabras. Pero lo que quedó claro es que no es esta la reforma que el matrimonio civil necesita; ni tampoco un buen instrumento para desjudicializar eficazmente aspectos del derecho civil, ni mucho menos para desatascar los juzgados. Contra eso, contra una justicia lenta y decimonónica, solo se lucha con más jueces y simplificando los procedimientos, como apuntaron el vocal del CGPJ Fernández-Carnicero, y el decano de los juzgados de Madrid, González Armengol.

Acerca de Agustín Valladolid

Periodista. En algunos sitios me llaman comentarista político, en otros tertuliano. No sé qué es peor, pero es lo que hay.
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2 respuestas a De divorcios y notarios

  1. muccius dijo:

    Perdona pero tú de lo que no te enteras es de que los notarios:
    1º No son fedatarios públicos, que también, son FUNCIONARIOS PÚBLICOS (art. 1 Ley del Notariado 1862 y art. 1 Reglamento notarial 1944), que ejercen una función pública (dación de fe), en una oficina pública (la notaría), y que formalizan en un documento público (escritura pública, póliza, acta o testimonio).
    2º Los notarios no necesitan autorizar matrimonios, nunca lo han necesitado ni nunca lo han pedido, a pesar de que las oposiciones a notarías sean infinitamente más duras que las de judicaturas, en derecho de familia, también. Ha sido una idea del Ministro de Justicia y hay que valorarla dentro de la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria que no sólo dará competencias a los notarios en matrimonios y divorcios sino también es materias de mercantil y otras de civil como consignación de obligaciones, adopciones, depósitos etc y todo eso sí que reducirá la carga judicial entre un 10-15 % que ya es más de lo que han hecho todos los gobiernos de la democracia juntos.
    3º El notario es un funcionario público y el Estado tiene la obligación legal de asegurar su “digna subsistencia”, sea aumentando el arancel notarial (aprobado en 1989 y con 62 reducciones desde entonces), sea con cargo a los presupuestos del Estado (con la consiguiente subida de impuestos a todos los españoles, similar a la de Justicia, pues hay 3000 notarios, 1000 registradores, 30.000 empleados más material, programas informáticos, locales etc….), sea atribuyendo nuevas funciones o competencias como parece ser el caso con esta Ley (Disposición Adicional 3ª Ley Tasas y Precios Públicos 1989).
    4º Todos los días en las notarías se determina la capacidad de obrar y disponer de los otorgantes, la prestación de su consentimiento libre e informado, y eso, sean, nacionales o extranjeros, mayores o menores de edad, casados o divorciados o viudos, administradores de personas jurídicas o no etc y etc.
    Todo lo cual parece dar a entender que el autor del artículo no tiene ni pajolera idea de a lo que se dedica un notario diariamente, ni los negocios jurídicos que se formalizan en la notaría, ni la importancia de los mismos etc. Pero eso sí la justicia en nuestro país es rápida y eficaz, gratuita y garantista…. etc… y luego cuéntenos otro cuento chino más si puede.

    • Agustín Valladolid dijo:

      Respeto su opinión, pero no he querido describir exhaustivamente a qué se dedican los notarios, sino contar lo que ocurrió en dos mesas redondas a las que acudí. Pero permítame que le diga que, en los tiempos que corren, restregarle a los ciudadanos que el Estado tiene la obligación de asegurar la “digna subsistencia” de los “pobres” notarios suena a sarcasmo. Conozco varios notarios, sé perfectamente a qué se dedican, y le recomiendo que si lo que busca es defenderles elija otro tono más respetuoso. Un saludo.

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