¿Qué hay de mi piso?… Es que es de Martinsa

Buena pregunta. En teoría, el procedimiento concursal, que es como ahora se llama a la histórica suspensión de pagos, está inventado para salvar empresas. Dejan de pagar temporalmente sus facturas y mientras ponen las cosas en orden para poder seguir trabajando. Pero ahora mismo, a pesar de que todas las fuerzas vivas llaman a la calma, lo cierto es que las obras están paradas. Los proveedores, o dicho de otra manera, las subcontratas, se han acogido al derecho de no suministrar a Martinsa más materiales o servicios si no se les paga religiosamene.

La primera consecuencia es obvia: si los pisos en marcha se acaban, lo harán con retraso. Y todos sabemos que los retrasos en las entregas de viviendas suponen más gastos. La segunda consecuencia es que si de verdad se quieren terminar las viviendas que Martinsa tiene en construcción alguien tiene que poner dinero encima de la mesa. Ese alguien no pueden ser más que los bancos y/o cajas de ahorros, porque la inmobiliaria no recauda ni un euro si no vende los pisos.

¿Qué pasaría si todo se pone peor y las viviendas no se acaban? Siempre cabe la posibilidad de reclamar el dinero entregado a cuenta que, según la ley, tiene que estar avalado y asegurado para impedir que los clientes de los promotores pierdan lo que han dado. Lo que ocurre es que todas estas cosas llevan su papeleo, gastan tiempo y, ante todo, generan angustia entre los directamente perjudicados. No es de extrañar que hoy mismo se haya puesto en marcha la creación de la primera asociación de afectados por la suspensión de pagos de Martinsa.

Tal y como se publica en el número 1.369 de la revista ”Tiempo”, la que hoy ha llegado a los quioscos, todo esto suena a pulso entre Martinsa y los bancos con el Gobierno de por medio. El promotor sabe que, con la que está cayendo en el sector, ni a bancos ni a cajas les interesan una quiebra o un embargo general de Martinsa, ya que les obligaría a repartirse entre ellos el suelo -mucho del cual es sólo preedificable- y las viviendas sin acabar o sin vender. También sabe que los 5.200 millones de euros que les debe suponen un buen estropicio en las cuentas de resultados del sector financiero si las cosas llegan a mayores.

Los bancos y cajas, por su parte, parecen dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo en los próximos dos meses. Pero entonces Fernando Martín terminará como sus ex colegas que fueron presidentes de las inmobiliarias Astroc y Colonial, que se vieron obligados a pasar el control de sus empresas a los bancos y cajas que les habían financiado la aventura.. El Gobierno, que dice oficialmente que no quiere intervenir en el problema, asegura por otra parte, en boca de algunos de sus ministros y ministras, que podría comprar suelo a las inmobiliarias para construir viviendas de protección oficial.

¿Cómo acabará todo este embrollo? Tiempo habrá, lamentablemente, para seguir comentándolo en este Blog. De momento, lo que llama la atención es que alguien no explique por qué quienes prestaron miles de millones de euros a Fernando Martín cuando se veía venir que las cosas no pintaban bien para el ladrillo, o el propio promotor y sus socios no apechugan con la solución para los 12.500 clientes que se han quedado colgados ni para los 2.000 trabajadores que penden ahora de un hilo.

En este país llamado España se suelen quitar los pasos a nivel cuando hay muertos en accidentes. Ahora es posible que alguien se ponga a pensar en qué se hará en el futuro. Pero a los que les ha tocado ser los primeros han visto llegar el tren sin poder apartarse de la vía y van a pasar un verano de aúpa.


El Contraanálisis

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