Cataluña y la dictadura de la mayoría

Tres amigos se reúnen en un bar un sábado por la noche. La idea es tomar unas cervezas y picar algo. Charlan y ríen, llevaban tiempo sin verse, pero cuando llega el momento de pagar, dos de ellos le exigen al tercero que pague toda la cuenta. Y no sólo la suya, también la del resto de los parroquianos. Da igual lo qué argumente el perjudicado, los dos primeros insisten una y otra vez en que esa es la voluntad del grupo. “¿O acaso no eres demócrata?”, le inquiere sospechoso uno de ellos en alto para que le escuche el resto del bar. “Si quieres votamos todos los del local, ¿o también te opones a que hable la gente?”. Son sin duda mayoría, absoluta incluso, pero ni los dos primeros son más demócratas por exigir que el conflicto se resuelva votando, ni el tercero un represor por no dejarse atropellar.

Este ejemplo, un poco pueril pero muy gráfico, muestra bien los peligros de las mayorías cuando no están sujetas a más garantías que el voto de sus miembros. La democracia no es hacer lo que diga la mitad más uno de los miembros de una sociedad ni mucho menos de un parlamento. La democracia debe ser, ante todo, la defensa de las minorías, de sus derechos y la leyes que los amparan. Sin la separación de poderes y el sistema de contrapesos entre ellos, la democracia se convierte simplemente en una dictadura de la mayoría. En Cataluña ayer se sentó un precedente tremendamente peligroso. Junts pel Sí y la CUP decidieron que sólo ellos encarnan la democracia. Son quienes representan a toda Cataluña, a quienes les votaron y a quienes no (mayoría, por cierto), y cualquier discrepancia rompe la unidad de un pueblo que habla por su boca. El resto de grupos, antidemócratas por no plegarse a las exigencias de la mayoría, no sólo no merecen los derechos que la ley les reconoce. No merecen, llegado el caso, ni la voz para reclamarlos.

Ese mismo discurso falsamente demócrata que ahora ha servido para aprobar contra la legalidad la ley de referéndum, puede utilizarse el día de mañana para cualquier barbaridad. Basta con convencer a la mitad de los parlamentarios, una mayoría que no sería suficiente ni siquiera para modificar el estatuto de autonomía que necesita dos tercios de la cámara, para acallar al resto de los catalanes. No sabemos si ese principio invocado ayer por los nacionalistas se mantendrá en el tiempo, pero me temo que no. ¿O acaso cuando cambie la aritmética parlamentaria, la CUP, el PdeCat y ERC aceptarán sin rechistar lo que digan una nueva mayoría? ¿Serán entonces ellos los antidemócratas por protestar contra las leyes dictadas por el nuevo Parlament?

La solución del problema catalán difícilmente será judicial. La persecución penal de los independentistas sólo conseguirá que nuevos ciudadanos cabreados se sumen a sus filas. Pero una cosa es abrir zonas de diálogo e incluso permitir consultas pactadas o un referéndum y otra que, ante la falta de respuesta del Estado, se pisoteen los derechos de medio país. La democracia es el gobierno del pueblo, pero también el respeto de las minorías y del estado de derecho. Sin ellos la ley del más fuerte se convierte en la ley del más numeroso. Y el fin, sea cual sea, no puede justificar los medios.

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